Disposiciones clave de la nueva ley:
– Juicios rápidos: La reforma introduce procedimientos judiciales acelerados para los casos de entrada ilegal y usurpación de propiedad. Estos casos se tramitarán ahora mediante «juicios rápidos», que podrán resolverse en 15 días, lo que supone una reducción significativa respecto a la media anterior de varios meses o incluso años.
– Acciones legales inmediatas: Tras presentar una demanda, los propietarios pueden esperar que el tribunal dicte un decreto de admisión en el plazo aproximado de un mes. Si se solicita la posesión inmediata, los ocupantes deben aportar pruebas de su derecho a ocupar la propiedad en un plazo de cinco días. Si no lo hacen, el tribunal ordenará el desalojo.
– Intervención policial reforzada: La reforma aclara el concepto de «delito flagrante», permitiendo una intervención policial más eficaz en las primeras 48 horas de una ocupación ilegal. Este cambio permite a las fuerzas del orden actuar con prontitud para desalojar a los ocupantes ilegales durante este periodo crítico.
Implicaciones para los propietarios
Se espera que este cambio legislativo proporcione a los propietarios un marco jurídico más eficaz para hacer frente a las ocupaciones ilegales, reduciendo las cargas económicas y emocionales asociadas a los prolongados procesos de desahucio. Al acortar los plazos de los procedimientos judiciales, la ley pretende disuadir de las ocupaciones ilegales y restablecer la confianza entre los propietarios.
Consideraciones sobre las poblaciones vulnerables
Aunque la reforma se centra en la protección de los derechos de propiedad, se ha expresado preocupación por su impacto en las poblaciones vulnerables, incluidas las familias con niños. La ley estipula que los servicios sociales evaluarán las situaciones en las que haya menores implicados, pudiendo influir en el proceso de desahucio para garantizar la protección del bienestar de los niños.
Próximos pasos
La reforma está pendiente de ratificación por el Senado y de su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que entre en vigor. Una vez en vigor, supondrá un cambio significativo en el planteamiento español de la gestión de las ocupaciones ilegales de propiedades, equilibrando los derechos de los propietarios con consideraciones sociales.
